sábado, 1 de agosto de 2015

REFORMA CONSTITUCIONAL (I)


Entre todos aquellos preocupados por la situación política de España la necesidad de que haya  cambios es una constante. Sin embargo difieren bastante en qué cambios necesita España y en cómo lograrlos.

Por un lado tenemos los que podríamos llamar revolucionarios, aquellos que quieren hacer volar el marco institucional actual y rehacerlo a su imagen y semejanza ideológica. Algunos de estos abogan por la toma del poder y desde ahí saltarse todas las leyes para llevar a cabo su programa. Otros creen que de algún modo sus propuestas serán aceptadas democráticamente y la mayoría de la gente las apoyará, consiguiendo con ello cambios radicales de forma pacífica. Están también aquellos que optan por retirarse de la lucha política, esperando que de alguna manera la gente acabará fijándose en ellos como ejemplo de dignidad política y les seguirán en su proyecto.

Luego están los reformistas, que en mayor o menor medida quieren cambios reales pero que tienen en común el aceptar las reglas de juego actuales y el respeto al imperio de la ley. Entre estos últimos me incluyo.

No obstante la pregunta clave es ¿qué cambios necesita España y como lograrlos?

Todos podemos enumerar cambios necesarios y seguramente no nos pondremos de acuerdo en la mayoría de los mismos, lo que implica que difícilmente podrán implementarse al no tener suficiente apoyo.

Por lo tanto la reforma en cuestión no solo debe ser necesaria, sino también posible. Y posible en política significa que dicha propuesta de reforma reúna un consenso amplio en la sociedad porque en caso contrario no se podría implementar salvo o bien por la fuerza, algo que la historia de España ya ha demostrado que es mejor evitar, o por un milagro, y en milagros la gente cada vez cree menos.

Pero ¿cómo conseguir ese consenso? La única forma es que esas propuestas de reforma conciten el apoyo de liberales, socialdemócratas y conservadores. A primera vista parece, lo reconozco, imposible.

Sin embargo no lo es si dichas propuestas se limitan a la regeneración institucional y a los cambios constitucionales y legales necesarios para ello, dejando a un lado propuestas de fondo. Si se limitan a cambios de forma, de procedimientos, de estructura constitucional del Estado, y no a cambios sobre las políticas que ese Estado puede o no puede hacer. 

Porque cuando la convivencia pacífica y en libertad se considera lo más importante resulta claro que la gran diferencia ideológica está entre aquellos que aceptan el imperio de la ley y las reglas del juego, y aquellos que de una forma u otra quieren imponer su visión de las cosas; entre aquellos que reconocen que la sociedad es plural y siempre habrá distintas visones de la economía, la política o la moral, y que, por lo tanto, nunca podrán ver implementado su proyecto político al 100%, y aquellos otros que creen tener toda la razón y creen que cualquier método es válido para imponer su visión de la sociedad.

Y la ¿sorpresa? viene al descubrir que en ambos bandos hay progresistas, conservadores y liberales. En ambos bandos hay quien quiere imponer su modelo y quien reconoce que una sociedad abierta requiere consenso y equilibrios.

Dicho esto, los que forman este último grupo ¿pueden ponerse de acuerdo en algo? Más aún, ¿en qué tipo de reformas podrían ponerse de acuerdo?

Desde luego nunca se pondrán de acuerdo sobre cual política económica seguir, o sobre que es o no es moralmente aceptable. Propuestas de reforma constitucional como las de poner un tope a los impuestos o garantizar que no haya desahucios están totalmente fuera de la realidad porque simplemente no tienen, ni nunca tendrán un apoyo social suficiente.

Creo que solo aquellas reformas que tienen por objetivo combatir la corrupción, reforzar el imperio de la ley, garantizar el equilibrio de poder y, en suma, aumentar el control ciudadano sobre la política pueden concitar el apoyo de varios partidos (apoyo transversal, como les gusta decir tanto a algunos). Apoyo absolutamente necesario para realizar un cambio constitucional.

Entonces ¿qué cambios? La buena noticia es que son conocidos por todos, y que, de hecho, son muchos los que los ven necesarios:

-       -    División de poderes: significa que cada uno de los poderes debe ser totalmente independiente de los demás tanto en su origen y forma de conformarse como a la hora de actuar.

-        -  Justicia independiente: significa que además de estar separada de los otros poderes debe ser ajena a la política y a la lucha partidista.

-       -    Reforma electoral que acabe con la partitocracia instaurando un Legislativo verdaderamente representativo: significa que se debe votar a representantes individuales, con nombre y apellidos y que no tengan que pasar por un filtro previo impuesto por algún partido u organización. Y además significa que el representante debe estar cerca y en contacto permanente con sus electores y debiéndose únicamente a ellos, es decir que debe tener un mandato imperativo.

¿Cómo lograr estos cambios? Yo abogo por una reforma constitucional según los cauces previstos en la propia Constitución. Defiendo este sistema porque me parece el más realista, pacífico y conforme a la ley que se puede encontrar.

En el próximo post, de carácter más jurídico, explicaré como se puede hacer legalmente y en el tercero y último de esta serie propondré una estrategia para lograrlo.



No hay comentarios:

Publicar un comentario